PONENTES
María Fernanda Cabello laje18@hotmail.com
Astrid Janson astridjanson@hotmail.com
Nadia Polanco nadia_polanco@yahoo.com.ar
Ø Datos biográficos:
- Licenciadas en Trabajo Social – Universidad de Buenos Aires.
- Coordinadoras de la Unidad Coordinadora de Prevención y Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Explotación Sexual – Dirección General de Niñez y Adolescencia – Ministerio de Desarrollo Social – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Marzo 2008 – Actualidad)
- Integrantes del Programa Contra Toda Forma de Explotación – Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes - Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Noviembre 2004 – Marzo 2008)
El presente trabajo se encuadra en nuestra experiencia laboral realizada en dos organismos gubernamentales de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, desde el año 2004, hasta la actualidad (Programa Contra toda Forma de Explotación, del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes –CDNNyA- y el Programa Andares, dependiente de la Dirección General de Niñez y Adolescencia –DGNyA-). En ambos organismos trabajamos en la atención directa de niñas, niños y adolescentes en situación de explotación sexual.
Al comienzo de nuestras prácticas (2004), el único programa existente que trabajaba con niñas, niños y adolescentes en situación de explotación sexual, se encontraba en el CDNNyA. Atendía mayoritariamente a adolescentes travestis que se contactaban a partir de la intervención de este organismo, por la aplicación del artículo 71, posteriormente 81, del Código Contravencional[1]. A su vez, se recibían llamados telefónicos a la Línea 102, de los que se obtenía información acerca de posibles situaciones de explotación sexual, y se canalizaban las denuncias.
Al intervenir con niñas, niños y adolescentes en situación de calle, empezamos a percibir como las/os mismas/os eran explotadas/os sexualmente, comenzando así a visibilizar otras formas en que se presentaba la problemática.
En el año 2005 se realiza desde dicho organismo la campaña “Sin clientes no hay prostitución infantil”, a partir de la cual comienza a incrementarse la cantidad de llamados a la Línea 102 haciendo referencia a situaciones cada vez más diversas. Estas situaciones variadas nos obligaron a pensar estrategias particulares y especificas para cada una de ellas. Comenzamos a escuchar relatos relacionados a circuitos de trata, existencia de proxenetas, a redes de explotación organizadas a nivel territorial, a entender que estas situaciones atravesaban tanto a niñas, como a niños varones y a niñas travestis. Conocimos los obstáculos que se iban presentando en el trabajo, tales como ausencia de vacantes en lugares de alojamiento, falencias en el circuito judicial, ausencia de mecanismos de protección para niñas/os y adolescentes, inexistencia de refugios y programas especializados, discriminación a las personas con identidades de género no hegemónicas, falta de capacitación en los efectores públicos, entre otros.
El intenso trabajo y la escasez de recursos, tanto materiales como humanos, sumado a la desprotección institucional en la que nos encontrábamos, no nos permitía realizar reflexiones sobre la problemática, conceptualizarla, teorizarla. Fue a partir de identificar esta necesidad, cuando comenzamos a generar encuentros de lectura y discusión de materiales sobre género, prostitución, explotación sexual, etc.
A fines del año 2007, iniciamos una lucha por promover el respeto a las identidades de género no hegemónicas, enfocándonos en la exigencia de que los hogares mixtos y de mujeres alojen a niñas y adolescentes travestis. Esta situación generó una serie de represalias hacia el equipo de trabajo de parte de las autoridades del CDNNyA, que tuvo como consecuencia el vaciamiento del mismo. Es así como decidimos presentar un proyecto de atención en la DGNyA.
El hecho de tener que presentar una propuesta de política pública en relación a la problemática, nos interpeló a repensar nuestro posicionamiento teórico respecto a la misma, y a las modalidades de atención. Nos preguntábamos qué entendemos por explotación sexual, cuáles debían ser las modalidades de trabajo, cuáles son los prejuicios instalados en los equipos, qué significa ser abolicionista, reglamentarista o prohibicionista, cómo influirían estos posicionamientos en nuestras prácticas, o si nuestras prácticas ya implicaban un posicionamiento.
Comprendimos que las respuestas a estos interrogantes se encontraban necesariamente en los relatos de las/os niñas/os y adolescentes con las/os que trabajábamos y en el análisis de los mismos. Era necesario profundizarlos, problematizarlos y desnaturalizarlos.
Fue en ese momento cuando reconocimos que nuestras prácticas se encuadraban en los postulados abolicionistas, entendiendo que la explotación sexual es un problema social, por tanto es importante no naturalizarlo y realizar acciones tendientes a su modificación. Es una forma de violencia, abuso, basada en relaciones desiguales de poder y de sometimiento, las cuales son producidas y reproducidas por un sistema patriarcal y capitalista.
Acordamos no utilizar la definición de “prostitución infantil”, y reforzar el concepto de explotación sexual a fin de resaltar la responsabilidad de los prostituyentes. Los/as niños/as y adolescentes no “se prostituyen”, sino que se encuentran dentro de una relación de sometimiento, en la cual hay adultos/as y un sistema que funcionan como explotadores. Tampoco coincidimos con la definición que encuadra a esta problemática como una de las peores formas de trabajo infantil.
Paralelamente a estos análisis, intentamos nombrar las situaciones de explotación sexual con las que nos fuimos encontrando en el trabajo cotidiano. Fue ahí donde se nos presentaron los mayores obstáculos. ¿Cuáles eran las modalidades de explotación sexual?, ¿existen “tipos de explotación sexual?, ¿posibilitan estas categorizaciones una mejor comprensión de la realidad?, ¿con qué intencionalidades se producen dichas divisiones?, ¿de dónde provienen las mismas?
Relevando material con la intención de comenzar a respondernos estas preguntas, encontramos que diversos/as autores/as, organizaciones, legislaciones internacionales proponen las siguientes modalidades de explotación sexual: prostitución infantil, pornografía infantil, turismo sexual y tráfico sexual \ trata con fines de explotación sexual, entre otras. A continuación intentaremos realizar algunas reflexiones críticas en relación a estas formas de clasificación.
Al acercarnos a las formas en que desarrollan cada una de ellas, no logramos encontrar una variable común entre estas categorías sin poder identificar un eje de análisis que oriente esa clasificación. Nos empezamos a cuestionar si la intencionalidad de la misma tenía que ver con agrupar las situaciones en función de la existencia de redes de explotación, de sus características, de la situación en la que están los/ las, niños/as, de los espacios físicos en los que se producen (lugares abiertos o cerrados, etc.), y/o de quienes son los prostituyentes, etc.
Algunas de las terminologías utilizadas para nominar las modalidades, nos resultan contradictorias en relación a los posicionamientos de los que se parte para plantear la problemática. Con respecto a la forma de tipificarla como “prostitución infantil”, resulta evidente, de acuerdo a lo que expresamos con anterioridad, que no concordamos con la misma. Consideramos contradictorio definir como prostitución infantil una modalidad de explotación sexual, siendo que ambas conceptualizaciones remiten a diferentes posicionamientos sobre esta realidad. A su vez, esta clasificación que es utilizada por la gran mayoría de autores/as, resulta demasiado abarcativa, definiéndola como la utilización de un niño o una niña en actividades sexuales a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución. Plantean que estas situaciones pueden darse en las calles o en el interior de establecimientos, en lugares como burdeles, discotecas, salones de masaje, bares, hoteles y restaurantes, entre otros; a su vez, agregan que los niños/as pueden ser abusados/as sexualmente a cambio de comida, ropa, protección, etc. Es significativo resaltar, que esta forma de describir esta modalidad, es similar a la utilizada para definir a la problemática como explotación sexual en general.
Por otro lado, estas divisiones nos resultan tajantes ya que en la realidad se presentan de forma entremezclada, cuando pensamos en alguna/o de las/os niñas/os con las/os que trabajamos y recorremos su historia de vida, es muy difícil poder ubicarlo/a en sólo una de estas categorías. Ejemplificando, en las redes relacionadas con lo comúnmente denominado como “turismo sexual”, las situaciones de explotación ocurren en los lugares incluidos en la definición de “prostitución infantil” –bares, hoteles, prostíbulos- y las mismas pueden producirse a cambio de comida, ropa, protección, dinero, etc.
Entendemos que la denominación “turismo sexual” puede tender a marcar una diferencia alrededor de quiénes son los prostituyentes y en que las redes organizadas se dan en el ámbito de circuitos turísticos, entre otras cosas. Pero nos preguntamos, ¿varían quienes son las niñas, niños y adolescentes en esta situación? ¿los lugares donde se producen las mismas son distintos a los prostíbulos, hoteles, bares, etc.?, ¿las consecuencias que se generan en los/las mismos/ as son diferenciadas?, ¿algunas de estas redes no podrían ser redes de trata?, ¿no se dan situaciones de pornografía en estos circuitos?
A diario, podemos observar otras consecuencias de estas categorizaciones. A partir de que se instalan socialmente, se convierten en tipos estancos y rígidos. Producen que ante cada situación, se presente la necesidad de incluirla en una de estas clasificaciones preestablecidas, perdiéndose la posibilidad de conocer sus complejidades.
En relación a las políticas estatales, entendemos que las mismas delimitan y fragmentan las problemáticas. Al mismo tiempo, las construcciones teóricas y la lucha de los movimientos sociales por instalar determinados problemas, tienen una gran incidencia en el diseño y ejecución de las políticas públicas, y en las metodologías de trabajo adoptadas.
En relación a las políticas públicas específicas de explotación sexual de niñas, niños y adolecentes, el encasillamiento planteado en cuanto a las modalidades, tiene influencia en la implementación de programas específicos para cada una de estas, priorizando unas por sobre otras, asignándoles a algunas una mayor “gravedad”. Esta situación se ve reflejada por ejemplo en la prioridad que actualmente ocupan las situaciones de trata, diseñándose dispositivos de alojamiento o programas de atención destinados específicamente para las mismas, dejando por fuera las otras situaciones que no “encajarían” en dicha definición. Ejemplificando, a largo de los años de trabajo, insistimos en hacer visible la necesidad de crear un refugio para niñas, niños y adolescentes, que requerían del ingreso a un lugar de mayor seguridad y protección, independientemente de si esto se encuadraba en situaciones de trata o no. Sin embargo, recién a partir de la sanción de la Ley 4781[2], se identificó la necesidad de dicha existencia, y en el año 2010 se concretó la apertura del mismo.
Para sintetizar, resaltamos que la división de la problemática de explotación sexual en “modalidades”, tiene consecuencias en el análisis y entendimiento de la misma, como así también en las políticas públicas orientadas al trabajo con los/as niños/as y adolescentes. Se producen procesos reduccionistas, fragmentados, que dificultan y limitan la comprensión de las complejidades de cada situación. De esta manera, desde los diferentes dispositivos de atención, se toman en consideración algunas manifestaciones de la problemática, dejando por fuera otras.
Consideramos imprescindible analizar cada situación en particular, teniendo en cuenta la multiplicidad de factores que la componen. Nos parece relevante enfatizar que el desarrollo de las estrategias de trabajo, pueda pensarse en función de cómo se presentan las situaciones, partiendo de la realidad concreta, profundizando en las historias de vida, los contextos, sin partir de preconceptos y de formulaciones preestablecidas.
La intención de esta ponencia fue esbozar algunas líneas de pensamiento que surgieron a partir de nuestras experiencias de trabajo. Nos proponemos continuar profundizando en el análisis de las mismas, incluyendo nuevos elementos en relación a la historia de los conceptos mencionados, los aspectos judiciales que influyen en los mismos, los intereses de los Estados, entre otras cosas.
[1] Artículo 71 del Código de Convivencia Urbana aprobado en marzo de 1998 en la Ciudad de Buenos Aires. Alteración de la tranquilidad pública: Ofrecer o demandar para sí u otras personas, servicios sexuales en los espacios públicos. Posteriormente, en el año 2004, se sanciona el Codigo Contravencional, cuyo Artículo 81 plantea: Oferta y demanda de sexo en los espacios públicos. Quien ofrece o demanda en forma ostensible servicios de carácter sexual en los espacios públicos no autorizados o fuera de las condiciones en que fuera autorizada la actividad, es sancionado/a con uno (1) a cinco (5) días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos ($ 200) a cuatrocientos ($ 400) pesos. En ningún caso procede la contravención en base a apariencia, vestimenta o modales.
[2] Ley de Asistencia Integral para las víctimas de trata de personas. Ley 2781/2008. Publicada en el boletín oficial 2994, el 15-08-2008.
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